La juez de apoyo atenderá a los cinco Juzgados de lo Social de Santander y resolverá 600 despidos y reclamaciones en seis meses
SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cantabria es la primera comunidad autónoma que pone en funcionamiento el plan de refuerzo para los Juzgados laborales que aprobó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 30 de junio con el fin de paliar el aumento en la carga de trabajo de estos órganos consecuencia de la crisis económica.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) elevó en marzo una petición al CGPJ solicitando un juez de refuerzo que atendiera al incremento de asuntos en los cinco Juzgados de lo Social de Santander, que durante el primer trimestre de 2009 registraron un 146% más de despidos respecto al mismo periodo del año anterior, informó el TSJC.
Además, una proyección de datos a diciembre de 2009 pone de manifiesto que, entre 2006 y finales del presente año, los despidos se habrán multiplicado por dos (1.272 frente a 621).
Según el plan aprobado y que acaba de entrar en funcionamiento, hasta el próximo mes de marzo -la medida tiene una duración de seis meses aunque podrá prorrogarse en función de la entrada de asuntos en este periodo- una juez sustituta atenderá unos 600 asuntos procedentes de los cinco Juzgados laborales.
Y se encargará prioritariamente de celebrar juicios y dictar resoluciones en procedimientos de despido, "al afectar al mínimo vital de subsistencia de los trabajadores".
Sólo subsidiariamente, si no existen suficientes procedimientos de este tipo, también celebrará juicios sobre reclamaciones de cantidad relacionadas con despidos y otras materias urgentes para los intereses de los trabajadores.
Con esta medida, el CGPJ pretende "normalizar el funcionamiento de estos órganos mediante la reducción de los asuntos pendientes", al tiempo que "paliar, en la medida de lo posible, los efectos que la crisis económica y financiera está produciendo en estos órganos".
Según el CGPJ, esta situación da lugar a "un aumento muy significativo de la entrada de asuntos y la consiguiente repercusión negativa en la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, por las dilaciones que se están produciendo o puedan producirse".
